Ello ha obligado a los habitantes de comunidades asediadas por la delincuencia a emigar a las ciudades, abandonando sus pueblos.
Ante esa emigración, la mas reciente hace apenas unos días, el Subsecretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, declaró que los pobladores de dichas comunidades dejaron sus hogares por “posibles rumores” de brotes de violencia.
Luego lo secundaría el Gral. Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, Comandante de la III Región Militar, al asegurar que las familias que se desplazaron de la sierra de Concordia en los últimos meses, lo hicieron “por tener una percepción equivocada” de la seguridad.
La respuesta a esas afirmaciones, un sangriento mentis, la dieron la semana pasada los criminales al asesinar a ocho jóvenes en la comunisad de El Batel, cinco de ellos fueron decapitados, dos asesinados a balazos y otro colgado.
Hacía apenas diez días que alrededor de 200 personas de las comunidades de La Petaca, Chirimoyos y La Mesa del Carrizal habían abandonado sus hogares por la violencia y las amenazas que se cernían sobre los habitantes de los poblados.
Antes de abandonar sus hogares, esas personas vivían en la incertidumbre por las amenazas de los gavilleros, autoimponiendo una especie de toque de queda, encerrándose en sus hogares al oscurecer ya que por la noche los bandoleros recorrían las calles disparando sus armas.
La respuesta, en lugar de otorgarles seguridad a esas personas, sinaloenses, mexicanas todas, fueron las absurdas declaraciones de que eran “rumores” o “percepciones equivocadas”.
Esa masacre no es la primera.
En los primeros días de mayo cuatro maestros que bajaban de trabajar en la sierra y se dirigían a sus hogares en Escuinapa fueron emboscados.
Hubo demandas de justicia, familiares, maestros y ciudadanos la exigieron.
Pero no pasó nada.
La Navidad del 2012, en El Platanar de los Ontiveros, un grupo delictivo conformado al menos por 30 hombres armados con AK-47 y camuflados con ropa militar masacró a nueve personas.
Una de las víctimas, un joven estudiante de criminología, fue decapitado.
Hubo reclamos, demandas de justicia pero no pasó nada.
Como no ha pasado nada, ninguna acción de investigación, ninguna medida para garantizar la seguridad de los habitantes serranos, solo breves incursiones de elementos del Ejército que se regresan y hasta ahí.
Ninguna autoridad policiaca civil se atreve a incursionar por esos rumbos.
Mas al sur. en la serranía de Mazatlán, arriba de La Noria no hay autoridad.
Es territorio de la delincuencia y no hay autoridad municipal o estatal que se atreva a subir.
Asesinatos por decenas, muchos de los cuales no trascienden. Todo se queda allá arriba.
Y las autoridades se concretan a ofrecer que se actuará para dar garantías de seguridad.
Hoy son cerca de 650 personas las que han dejado sus hogares para refugiarse en Concordia y Mazatlán.
En estos momentos las autoridades tratan de convencerlos para que regresen a sus comunidades ofreciéndoles seguridad.
Pero, ¿seguridad por cuanto tiempo?
Los convencerán de regresar pero pronto volverán a huir, a buscar refugio tierras abajo. Los que logren escapar.
No es con declaraciones minimizando el problema como se va a garantizar la seguridad de esas familias.
Es con acciones reales para erradicar a esos gavilleros asesinos que siembran el terror en aquellos territorios.
No son percepciones ni rumores,señores militares, señor Gobernador.
Es la realidad, la trágica y triste realidad.
Esas regiones serranas son tierra de nadie.
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