Nueva York, EE.UU..– El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció este lunes ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde la jueza federal Katherine Polk Failla aseguró que la evidencia presentada por la fiscalía estadounidense en su contra es “abundante”, al tiempo que programó una nueva audiencia para el próximo 4 de agosto.
La comparecencia, que duró menos de 20 minutos, formó parte de una audiencia de estatus para formalizar el avance del proceso judicial que enfrenta el exfuncionario sinaloense, quien se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo y posteriormente fue trasladado a Nueva York.
Durante la diligencia, la jueza destacó la magnitud del expediente integrado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y señaló que el caso involucra a varios acusados. “Hay muchos acusados y están llegando en olas”, expresó al referirse a la investigación que mantiene bajo la mira a exfuncionarios y funcionarios vinculados al gobierno de Sinaloa.
Mérida Sánchez es el primero de los diez funcionarios sinaloenses señalados por autoridades estadounidenses en comparecer ante una corte federal. La acusación en su contra incluye cargos por conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, posesión de armamento de uso exclusivo y conspiración para poseer armas de fuego y explosivos. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una sentencia que va desde varias décadas de prisión hasta cadena perpetua.
De acuerdo con la acusación presentada por fiscales estadounidenses, el exsecretario de Seguridad habría mantenido presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa. Las autoridades sostienen que, entre 2023 y 2024, recibió pagos mensuales superiores a los 100 mil dólares a cambio de brindar protección a la organización criminal y facilitar información sobre operativos de seguridad. Mérida ha rechazado las acusaciones y previamente se declaró no culpable.
La jueza informó que durante los próximos dos meses la defensa tendrá acceso al material probatorio reunido por la fiscalía, periodo en el que también podrá evaluar la posibilidad de negociar un acuerdo de culpabilidad con el gobierno estadounidense, mecanismo que podría incluir cooperación con las autoridades federales.
El caso forma parte de una investigación de alto impacto que ha generado repercusiones políticas tanto en México como en Estados Unidos, debido a que entre los señalados por la justicia estadounidense también aparecen otros exfuncionarios y funcionarios relacionados con la administración estatal de Sinaloa.
