Diputados del Partido Sinaloense impulsan reforma al Código Penal para sancionar conductas de vigilancia, persecución y hostigamiento físico o digital
Culiacán, Sinaloa.- El Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense (PAS) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para tipificar el acecho como delito autónomo y castigar jurídicamente conductas de persecución, vigilancia y hostigamiento que actualmente no están contempladas de manera específica en la legislación sinaloense.
La propuesta fue presentada ante el Pleno del Congreso del Estado por la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez y el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, y fue turnada para su segunda lectura.
La iniciativa busca sancionar a quienes, de manera reiterada, persistente o sistemática, realicen actos de seguimiento, vigilancia, observación, proximidad física o virtual, envío de mensajes, objetos o cualquier tipo de contacto no consentido que provoque miedo, angustia, afectaciones emocionales o alteraciones en la vida cotidiana de las víctimas.
De acuerdo con la propuesta, el acecho podrá configurarse tanto en espacios físicos como digitales, cuando las conductas generen una sensación objetiva de peligro, limiten la libertad de actuar o provoquen temor fundado de sufrir daños personales, familiares o patrimoniales.
Los legisladores advirtieron que actualmente en Sinaloa este tipo de conductas no están tipificadas como delito autónomo, lo que deja a las víctimas en condiciones de vulnerabilidad y limita la capacidad de las autoridades para prevenir agresiones mayores.
“El acecho es una de las formas de violencia más invisibilizadas y dañinas, particularmente contra las mujeres y grupos vulnerables”, señalaron los promoventes.
La iniciativa destaca que este tipo de violencia puede generar graves afectaciones psicológicas, emocionales y sociales, incluso cuando no exista agresión física directa, especialmente en contextos de violencia de género, violencia familiar o acoso digital.
Con esta reforma, el PAS plantea fortalecer las medidas de protección para las víctimas y reforzar la actuación institucional bajo una perspectiva de derechos humanos, género y protección a personas vulnerables.
