Chispazo
Por Felipe Guerrero
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum encabezaba en Mazatlán una reunión del gabinete de seguridad junto al Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, y los mandos de SEDENA, Marina y Guardia Nacional, una madre buscadora yacía asesinada dentro de su casa.
Se llamaba Rubí Patricia Gómez Tagle.
Ayer, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, fue detenido su presunto asesino, un sujeto de 24 años. Ella buscaba a su hijo desaparecido desde mayo de 2025.
Ese mismo día tenía previsto acudir con su colectivo a El Verde, en Concordia, donde las propias madres buscadoras habían denunciado la existencia de fosas clandestinas con decenas de cuerpos. En ese lugar, por ejemplo, se han localizado los restos de cinco de los diez mineros desaparecidos semanas antes.
Ellas tenían informes de que había fosas clandestinas con decenas de cuerpos
y estaban dispuestas a seguir escarbando la tierra en busca de los suyos, en una región donde la estadística de desaparecidos se ha disparado en los últimos cinco años.
Rubí Patricia quería que su lucha se escuchara durante la visita presidencial. Pero ni siquiera hubo una palabra para ellas. Ni un gesto. Ni una señal de una mandataria que no pierde la oportunidad de reiterar que las mujeres de este país también llegaron junto con ella al poder.
No solo eso, lo de las madres buscadoras son colectivos genuinos que molestan al régimen por su carácter independiente, y hay ahí, dentro de las filas de la 4T, quienes no se tocan el corazón para descalificarlas diciendo que son manipulados por la oposición. No les gusta que les exijan, que ellas mismas, las madres buscadoras, sean el testimonio desgarrador de una de las peores tragedias de este país: La desaparición, el secuestro y la ejecución de miles de jóvenes, varones y mujeres. Por eso el poder las ignora y trata de minimizar su lucha, su búsqueda incansable, tope donde tope.
Rubí Patricia murió buscando a su hijo.
Murió enfrentando la misma violencia que se lo arrebató.
Su historia no es un hecho aislado. Es el retrato de un país donde las madres buscadoras han tenido que sustituir al Estado, recorriendo campos, cerros y baldíos con una pala, una varilla y una esperanza que ningún gobierno ha sabido responder.
No es casual que organizaciones como Amnistía Internacional hayan advertido que en México la búsqueda de personas desaparecidas se ha convertido en una actividad de alto riesgo, donde las mujeres que buscan a sus familiares enfrentan amenazas, agresiones y, en algunos casos, la muerte.
El problema no es nuevo.
En marzo de 2025, senadores de MORENA y la llamada 4T abandonaron una sesión en la que se discutían las demandas de los colectivos de búsqueda, rompiendo el diálogo con las familias que exigían atención institucional.
Un gesto político que, para muchos, simbolizó la distancia entre el discurso oficial y la tragedia cotidiana de miles de familias.
Porque en México las madres buscadoras ni siquiera son plenamente reconocidas como defensoras de derechos humanos, lo que las deja sin mecanismos reales de protección.
Por eso su lucha ocurre casi siempre en condiciones de abandono institucional, inseguridad y riesgo extremo.
Hay antecedentes dolorosos: secuestros y asesinatos de buscadoras, como ha ocurrido en diversos estados del país. Ellas lo dicen: «Nadie nos cuida». Y la gran mayoría no cuentan con medidas de protección.
Rubí Patricia se suma ahora a esa lista que nunca debió existir.
Y sin embargo, lo más perturbador de esta historia no es sólo su muerte. Es la escena que la rodea.
Mientras en Mazatlán el gabinete de seguridad revisaba cifras, mapas criminales y estrategias nacionales, una madre buscadora yacía, o estaba siendo asesinada a dos kilómetros de la mesa donde se hablaba de paz. La escena pinta, resume la tragedia del país
En México ocurre algo realmente detestable: las madres buscan a sus desaparecidos, mientras el régimen busca evadir por qué no los encuentra.
