El 7 de febrero de 1999, Estrella Palacios Domínguez fue coronada Reina del Carnaval de Mazatlán. Su triunfo fue el resultado de un proceso en el que lo único que importaba era su carisma, belleza y conexión con el público. No hubo millones de pesos de por medio, ni aportaciones de última hora que modificaran el resultado.
Pero 25 años después, en la misma fecha, la elección de la Reina Infantil y el Rey de la Alegría fue definida por la cantidad de dinero recaudado en los minutos finales.
Lo que ocurrió en el cómputo carnavalero no fue un concurso tradicional, sino una subasta disfrazada de competencia, donde la corona fue entregada al mejor postor.
La pregunta es inevitable: ¿El Instituto de Cultura realmente organizó una elección o simplemente permitió que la corona se vendiera al mejor postor?
El argumento de Cultura: ¿Donación o compra de votos?
El Instituto de Cultura de Mazatlán ha intentado justificar este modelo argumentando que el dinero recaudado es una donación.
Pero si es una donación, ¿a quién se le está donando y para qué?
1.Si el dinero se entrega a la candidata para que obtenga votos, entonces no es una donación, sino un financiamiento privado con un objetivo específico: influir en el resultado de la elección.
2.Si el dinero se entrega directamente al Instituto de Cultura, entonces no existe una relación directa entre el donante y la candidata, lo que significa que el argumento de que “cada peso es un voto” carece de fundamento.
Si el dinero es una donación, ¿por qué está ligado a una competencia?
El problema es que Cultura nunca estableció reglas claras sobre el destino del dinero.
Lo que dice la ley: ¿Fue una elección o una subasta?
Para entender qué ocurrió, hay que revisar qué define un concurso y qué define una subasta, porque cada uno tiene reglas y regulaciones distintas.
¿Qué es un concurso?
Según la Ley Federal de Protección al Consumidor, un concurso debe cumplir con tres principios básicos:
1.Bases claras y públicas desde el inicio.
2.Criterios de evaluación objetivos y verificables.
3.Un jurado imparcial que califique el desempeño de los participantes.
En la elección de la Reina Infantil, no hubo un jurado, ni criterios de evaluación sobre talento, carisma o simpatía.
¿Qué es una subasta?
La Ley Federal de Juegos y Sorteos, en su Artículo 2, establece que una subasta es un proceso en el que un bien o reconocimiento se otorga a quien ofrece la mayor cantidad de dinero.
Más aún, el Artículo 4 de esta misma ley dice que toda subasta pública debe ser autorizada por la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos.
Entonces, si la corona de la Reina Infantil se entregó a la candidata que más dinero logró reunir, lo que ocurrió encaja perfectamente en la definición de una subasta.
El Instituto de Cultura no solicitó autorización a la Secretaría de Gobernación, lo que significa que el evento se llevó a cabo sin el permiso requerido por la ley.
Los errores de Cultura: La historia de lo que no se hizo
Desde el momento en que el Instituto de Cultura decidió organizar la elección bajo este esquema, incurrió en una serie de omisiones que, aunque parecieran detalles administrativos, terminaron convirtiendo el evento en una irregularidad.
El primer error fue no definir con claridad qué estaban haciendo.
Si era una donación, ¿por qué se ligó a una competencia? Si era un sistema de votación, ¿por qué los fondos fueron administrados como ingresos de Cultura?
El segundo error fue permitir que los resultados se modificaran en el último momento.
Durante meses, las candidatas recibieron apoyo de la comunidad, pero en una sola noche, en dos rondas de aportaciones millonarias, el resultado cambió.
El tercer error fue permitir la captación de millones de pesos sin reglas claras.
No hubo un límite en la cantidad de dinero que se podía recaudar, dejando el proceso completamente abierto a la influencia del poder económico.
El cuarto error fue no garantizar la transparencia en el uso del dinero.
¿Dónde está registrado ese dinero? ¿Se reportó a la Tesorería Municipal? ¿Está reflejado en la contabilidad pública? El Instituto de Cultura no ha explicado cómo se administrarán esos recursos.
El quinto error fue no solicitar la autorización de la Secretaría de Gobernación.
Si la corona fue entregada al mejor postor, ¿por qué no se reguló el proceso como una subasta?
Las responsabilidades administrativas que esto genera
Lo que ocurrió el 7 de febrero no es un simple error organizativo, sino una falta administrativa que puede derivar en sanciones.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los funcionarios públicos pueden incurrir en faltas graves cuando:
1.Ejercen atribuciones sin apego a la ley.
2.Administran recursos públicos de manera irregular.
3.Omiten la supervisión y fiscalización de actos oficiales.
En este caso, los funcionarios del Instituto de Cultura pueden ser responsables por:
•No haber regulado correctamente la captación y destino de los recursos.
•No haber solicitado la autorización correspondiente para una subasta.
•Haber permitido un proceso sin límites ni reglas claras.
Si la Auditoría Superior del Estado revisa estos hechos, podría solicitar sanciones administrativas contra los responsables e incluso requerir que el Instituto de Cultura modifique su esquema de elección para evitar futuras irregularidades.
Conclusión: ¿Qué le estamos enseñando a las niñas de Mazatlán?
Hace 25 años, Estrella Palacios fue elegida Reina del Carnaval porque tenía todo para representar a Mazatlán: carisma, belleza y simpatía.
Hoy, las niñas que sueñan con convertirse en Reina Infantil ya no compiten con su personalidad ni con su conexión con la gente, sino contra millones de pesos.
El problema no es solo la legalidad del proceso, sino la señal que se le da a la sociedad.
¿Queremos un Carnaval donde cualquiera pueda aspirar a ser reina?
¿O uno en el que solo las familias y grupos con dinero puedan comprar la corona?
El Instituto de Cultura tiene dos opciones:
1.Definir claramente si estas aportaciones son donaciones reales y sujetarse a la normativa correspondiente.
2.Aceptar que se trató de una subasta y someterse a la regulación de la Secretaría de Gobernación.
Porque si no hay cambios, lo que ocurrió el 7 de febrero no será un caso aislado, sino la nueva regla en el Carnaval de Mazatlán.
Y en la política y en el derecho, no basta con parecer legal, hay que ser legal.
Licenciado Guillermo Quintana Pucheta
GQP Consultores
Especialistas en Materia Administrativa, Ambiental e Inmobiliaria.
www.linkedin.com/in/guillermo-quintana-pucheta-a428a8348
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