Mazatlán, Sinaloa.– Un juicio de pensión alimenticia contra L. A. Partida, conocido como El Yaki, fue promovido ante los tribunales familiares de Mazatlán, luego de que Kenia Lilibeth Márquez Peña denunciara que desde julio pasado dejó de recibir aportaciones económicas regulares para el sostenimiento de sus dos hijas menores de edad.
El caso fue dado a conocer por el abogado Guillermo Quintana Pucheta, representante legal de la mujer y de las niñas, quien informó que el juzgado familiar ya dictó una resolución para establecer una pensión alimenticia provisional. Sin embargo, aseguró que su representada sostiene que continúa sin recibir los recursos reclamados.
De acuerdo con la versión del litigante, las menores tienen apenas dos años y la falta de apoyo económico ha comenzado a afectar sus condiciones de vida. Incluso, señaló que su madre tuvo que retirarlas de la escuela debido a que ya no contaba con recursos suficientes para cubrir las colegiaturas.
Denuncian presuntas presiones por su situación migratoria
Además del conflicto por la manutención, la representación legal señaló posibles actos de intimidación relacionados con la condición migratoria de Kenia Lilibeth Márquez, de nacionalidad venezolana y con residencia permanente en México.
Según explicó Quintana Pucheta, durante las negociaciones derivadas de la separación familiar se habrían realizado referencias a la posibilidad de cancelar su residencia, deportarla a Venezuela y mantener a las niñas en México bajo el cuidado de su padre.
El abogado indicó que cuenta con un dictamen pericial en informática forense que reproduce comunicaciones electrónicas atribuidas a una persona que habría intervenido como representante legal de la contraparte. Sostuvo que estos mensajes contienen expresiones relacionadas con la situación migratoria de su clienta y la posibilidad de separarla de sus hijas.
La defensa considera que estas comunicaciones deben ser analizadas por las autoridades para determinar si existen elementos de posible violencia psicológica.
Buscan garantizar los derechos de las menores
El representante legal recordó que las obligaciones alimentarias comprenden alimentación, vivienda, vestido, atención médica y educación, y que una separación no elimina las responsabilidades de los padres hacia sus hijos.
Finalmente, aseguró que continuará promoviendo las acciones legales correspondientes para exigir el cumplimiento de la pensión provisional y garantizar los derechos de las dos niñas.
Hasta el momento, la información difundida corresponde a la versión de la parte demandante y su abogado. Los señalamientos no constituyen una determinación judicial de responsabilidad.
Presenta nuevo escrito ante el juzgado; reclama pensión retroactiva y medidas urgentes
Como parte del procedimiento, el 6 de noviembre Kenia Lilibeth Márquez Peña presentó un nuevo escrito ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de Mazatlán, dentro del expediente 1663/2026, en el que reclama el pago retroactivo de alimentos desde el 4 de julio de 2026.
En el documento señala que, aunque el juzgado fijó una pensión provisional mediante resolución del 1 de septiembre, las aportaciones económicas continúan sin recibirse, por lo que solicitó verificar los pagos, determinar los adeudos y hacer efectivo el cumplimiento de la medida judicial.
También expuso dificultades para localizar y notificar formalmente a L. A. Partida, al referir tres intentos de emplazamiento realizados entre octubre y noviembre en domicilios relacionados con el demandado, sin que se concretara la notificación.
Asimismo, pidió al juzgado revisar comunicaciones de WhatsApp que, según su denuncia, contienen expresiones relacionadas con la posibilidad de cancelar su residencia permanente en México y deportarla a Venezuela, dejando a sus hijas en el país con su padre. Solicitó que se valore si estos mensajes constituyen posibles actos de intimidación o violencia psicológica y, en su caso, se dicten medidas de protección.
La promovente también pidió preservar las medidas relacionadas con la vivienda familiar y adoptar acciones urgentes para proteger la estabilidad y los derechos de sus dos hijas menores de edad. Estas solicitudes están pendientes de la valoración que corresponda a la autoridad judicial.
