La bancada priista votó contra el nombramiento del gobernador interino y exigió que continúen las investigaciones y los procesos para determinar posibles responsabilidades.
Culiacán, Sinaloa, 25 de agosto de 2026.– El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Sinaloa rechazó el nombramiento del gobernador interino al considerar que la salida temporal de Rubén Rocha Moya no representa el cierre de la crisis política e institucional que enfrenta el estado.
La coordinadora de la bancada priista, Irma Moreno Ovalles, afirmó que el Congreso no puede asumir como normal la reciente licencia del mandatario estatal ni utilizar la designación de un interino como una vía para dar por concluido un conflicto que, sostuvo, permanece abierto.
“No podemos actuar como si eso fuera normal”, expresó la legisladora, al cuestionar el regreso de Rocha Moya al cargo después de 112 días separado del mismo y su posterior solicitud de una nueva licencia.
Moreno Ovalles sostuvo que el escenario jurídico actual mantiene abierta la posibilidad del regreso de Rocha Moya, por lo que, desde su perspectiva, las instituciones deben actuar con estricto apego a la Constitución y las leyes, y no únicamente con base en acuerdos políticos.
La priista expuso tres motivos principales para el voto en contra de su bancada.
El primero es que la designación de un gobernador interino, dijo, no debe utilizarse para cerrar una crisis que jurídicamente no ha concluido.
Como segundo punto, señaló que las investigaciones relacionadas con los hechos que han marcado la actual crisis en Sinaloa deben continuar y demandó a la Fiscalía General de la República actuar conforme a derecho, respetando el debido proceso y llevando las indagatorias hasta sus últimas consecuencias.
“No podemos aceptar que el nombramiento de un nuevo gobierno se convierta en un borrón y cuenta nueva”, advirtió.
Como tercer argumento, Moreno Ovalles sostuvo que una licencia no elimina la responsabilidad política y que el Congreso tiene la obligación de utilizar los mecanismos institucionales disponibles para determinar si existen responsabilidades.
En ese sentido, informó que el Grupo Parlamentario del PRI se suma a la denuncia presentada por ciudadanos para solicitar el inicio de un juicio político contra Rubén Rocha Moya.
La legisladora aclaró que dicho procedimiento deberá desarrollarse por la vía institucional, con apego a la Constitución, respetando en todo momento el derecho de defensa y sin anticipar una condena.
“No estamos pidiendo una condena anticipada. Estamos pidiendo que se abra el procedimiento institucional que permita determinar las responsabilidades políticas que correspondan”, puntualizó.
Moreno Ovalles también diferenció el juicio político de cualquier investigación penal que pudiera realizar la Fiscalía General de la República, al señalar que se trata de procedimientos distintos que deben avanzar por sus respectivas vías.
La coordinadora priista aclaró que votar contra el dictamen no significa desear el fracaso del gobierno que asuma la conducción del estado.
“Porque si al gobierno le va mal, le va mal a Sinaloa”, sostuvo.
Sin embargo, advirtió que el nuevo gobierno deberá ganarse la confianza de los sinaloenses con resultados y no recibir un respaldo político anticipado.
Entre los principales retos, señaló la recuperación de la paz, la atención a la crisis económica y la construcción de una agenda estatal por encima de intereses partidistas.
Afirmó que, si la nueva administración actúa en beneficio de Sinaloa, el PRI mantendrá una disposición institucional para acompañar las acciones que sean positivas para la ciudadanía.
Al mismo tiempo, dejó claro que el PRI continuará como oposición y mantendrá su papel de vigilancia.
“Seguiremos siendo oposición. Seguiremos señalando lo que esté mal, exigiendo resultados y levantando la voz frente a cualquier abuso, omisión o intento de utilizar el gobierno para proteger intereses políticos”, manifestó.
Finalmente, Moreno Ovalles sostuvo que Sinaloa requiere una administración capaz de gobernar y no únicamente de administrar la crisis.
“Queremos que esta nueva etapa empiece correctamente: con certeza jurídica, instituciones funcionando, rendición de cuentas, sin pactos de impunidad y con un gobierno que pueda mirar hacia adelante sin tener que proteger los intereses del pasado”, concluyó.
