Culiacán, Sinaloa.– La secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Guadalupe Yan Rubio, dio a conocer nuevas sanciones que se desprenden de la auditoría realizada a los Servicios de Salud de Sinaloa, dependencia que fue encabezada por Ernesto Echeverría Aispuro, quien recibió dos inhabilitaciones por 7 y 8 años para desempeñar un puesto público, y también sanciones económicas por dos casos distintos que rondan los 480 millones de pesos, que deberán ser pagados como reparación del daño patrimonial a las finanzas del Gobierno del Estado.
Acompañada por el subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Aviña Martínez, la secretaria Yan Rubio informó del resultado de la auditoría, y en un primer caso, se encontró un manejo irregular por 31 millones 900 mil pesos en los Servicios de Salud de Sinaloa, al adjudicarse de manera directa, sin la autorización del Comité de Adquisiciones, dos contratos a las empresas Estucon S.A. de C.V y Enlaces Administrativos Hiroshi S.A. de C.V. para la reingeniería financiera presupuestal de la dependencia, uno por un monto de 20 millones 300 mil pesos y otro por 11 millones 600 mil pesos, respectivamente.
Por estos hechos, se determinó aplicar un procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, consistente en la inhabilitación por 7 años para ejercer empleo, cargo o comisión en el servicio público y una sanción económica por 31.9 millones de pesos más un peso, como reparación del daño.
De igual manera, por este mismo caso se sancionó al ex subdirector de Recursos Financieros de los Servicios de Salud de Sinaloa, Ángel Alfonso Jackson Inzunza, quien fue el que realizó los pagos sin contar con los documentos probatorios que reunieran los requisitos fiscales conforme al Código Fiscal de la Federación por esos 31.9 millones de pesos, y recibió una inhabilitación para desempeñarse en el servicio público durante los próximos 3 años.
En un segundo caso, se detectaron en los Servicios de Salud de Sinaloa, un total de 238 traspasos bancarios por un monto de 449.1 millones de pesos, provenientes de recursos federales que se ministraron a través de tres programas, como con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (351.1 millones de pesos), el Fondo para Gastos Catastróficos (96 millones de pesos) y el Fondo de Previsión Presupuestal (2 millones de pesos) y que fueron transferidos a diversas cuentas bancarias correspondientes a otros programas de naturaleza o ejercicio distintos.
Por este segundo caso, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, determinó aplicar una inhabilitación por 8 años al ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, también a la ex directora de los Servicios de Salud, María Alejandra Gil Álvarez, una inhabilitación por 8 años, y al ex subdirector de Recursos Financieros, adscrito a la Dirección Administrativa de los Servicios de Salud, Ángel Alfonso Jakcson Inzunza, una inhabilitación por 10 años.
El subsecretario Aviña Martínez precisó que los tres ex funcionarios mencionados son responsables solidarios para la reparación del daño de esos 449.1 millones de pesos, que se convertirán en un crédito fiscal, toda vez que se desconoce el destino final de los recursos federales asignados, y no permite verificar la trazabilidad del dinero que permita conocer la aplicación final del recurso, ni garantizar que se cumplieron los impactos para lo que fueron destinados originalmente dichos recursos.
La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas continua orientada a fortalecer el control interno institucional basado en tres grandes ejes: transparencia, rendición de cuentas y seguimiento de impactos.
