Culiacán, Sinaloa.— En un paso hacia el fortalecimiento de la transparencia, el Gobierno de Sinaloa anunció la interconexión de cerca de 70 mil declaraciones patrimoniales y de intereses de personas servidoras públicas a la Plataforma Digital Nacional, sistema clave de inteligencia de datos anticorrupción en México.
Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción (SEMAES), la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, informó que los trabajos de integración se realizarán entre junio y julio, lo que permitirá a la ciudadanía consultar información sobre ingresos y patrimonio de funcionarios públicos.
A este proceso se sumarán municipios como Escuinapa, Juan José Ríos y Navolato, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ampliando el alcance de la plataforma.
En el informe presentado, se destacó que la Auditoría Superior del Estado concentra el mayor número de registros en el Sistema 1 de Declaraciones Patrimoniales. Asimismo, el Sistema 2, enfocado en personas que intervienen en contrataciones públicas, cuenta con más de 20 instancias registradas, mientras que el Sistema 3 reporta 952 servidores públicos con sanciones no graves.
Respecto a los avances en materia anticorrupción, se informó que Sinaloa registra un 19% en la atención de Recomendaciones No Vinculantes, posicionándose entre los estados con mayor actividad en este rubro a nivel nacional.
En la sesión, el Comité de Participación Ciudadana presentó 11 propuestas de recomendaciones en temas como obra pública, medio ambiente y participación ciudadana, de las cuales cuatro fueron aprobadas y dirigidas a distintas dependencias estatales y al Ayuntamiento de Mazatlán.
Finalmente, el Comité Coordinador avaló documentos estratégicos como el Tercer Informe de Ejecución del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, donde Sinaloa se ubica en el octavo lugar nacional en consolidación de este programa.
Con estas acciones, el estado busca fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y garantizar mayor acceso a la información pública.
