Rosario, Sinaloa.— En un intento por frenar la pesca ilegal y contener el deterioro de los recursos marinos, autoridades estatales, federales y municipales, junto con organizaciones del sector pesquero, instalaron el Comité de Inspección y Vigilancia en este municipio, una medida que busca cerrar el paso a prácticas irregulares en plena temporada crítica.
La estrategia, encabezada por la Secretaría de Pesca y Acuacultura, se enfoca en fortalecer la supervisión durante la veda del camarón, un periodo clave para la reproducción de la especie, pero también uno de los más vulnerables ante la pesca clandestina.
La titular de la dependencia, Flor Emilia Guerra Mena, advirtió que sin organización y vigilancia efectiva, los esfuerzos por preservar las especies resultan insuficientes. “La coordinación entre autoridades y pescadores es fundamental para proteger los ciclos biológicos y garantizar la permanencia de la actividad”, sostuvo.
En el mismo sentido, el representante de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), el Capitán Jaime de Jesús Caballero Trinidad, subrayó que el respeto a las vedas no solo es una obligación legal, sino una condición indispensable para evitar el colapso de los ecosistemas y asegurar la productividad del sector a largo plazo.
Desde el ámbito local, la alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar comprometió el respaldo del Ayuntamiento mediante operativos de vigilancia coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, particularmente en zonas donde históricamente se han detectado actividades ilegales.
Como parte de este esquema, el subsecretario de Pesca, Perfecto Alfonzo Ruelas Beltrán, informó que en Rosario se destinarán 600 mil pesos para acciones de inspección y vigilancia, beneficiando directamente a tres federaciones pesqueras. A nivel estatal, el presupuesto asciende a 15 millones de pesos, con impacto en 52 organizaciones distribuidas en altamar, zonas ribereñas y aguas interiores.
Durante el acto, rindieron protesta representantes de las federaciones pesqueras de la Laguna del Caimanero, Agua Verde y el sur de Sinaloa, quienes se integran formalmente a las tareas de vigilancia comunitaria.
La instalación de este comité ocurre en un contexto donde pescadores y autoridades reconocen que la pesca ilegal sigue siendo una de las principales amenazas para el sector, no solo por el impacto ambiental, sino por las pérdidas económicas que genera en comunidades que dependen directamente de esta actividad.
Con este nuevo frente de coordinación, el reto será claro: pasar del discurso a resultados visibles en el agua.
