Mientras, arde Troya
Por Alejandro Gallardo
Como ya lo hemos señalado en entregas anteriores, los sinaloenses tienen hoy muchas cosas en qué pensar. Las preocupaciones y prioridades son múltiples, y entre ellas no figura —al menos por ahora— la política ni mucho menos el proceso de sucesión gubernamental rumbo a las elecciones de junio de 2027.
Aunque algunos morenistas ya andan en plena carrera por la gubernatura, decididos a ignorar la realidad, lo cierto es que en Sinaloa sigue ardiendo Troya.
La violencia no cede, y sus consecuencias mortales superan incluso las provocadas por ataques con misiles entre países como Irán e Israel, recientemente.
A la par, el cierre de empresas y la crisis económica asociada a este fenómeno han dejado a miles de familias sinaloenses sin empleo. Y, sin embargo, en la conferencia “semanera” del pasado lunes, el gobernador Rubén Rocha Moya estuvo a punto de declarar superada la emergencia por violencia. Algo lo contuvo: corrigió a tiempo y dijo, con cautela, que se trataba de un problema aún persistente, aunque con “una leve disminución”.
Pero tan vigente sigue el problema que, hace apenas unos días, el propio gobernador ofreció garantías de seguridad al personal de Aeroméxico para que mantengan operativa la ruta nocturna entre la Ciudad de México y Culiacán. La medida provocó una rápida respuesta por parte de Ada Salazar, secretaria de sobrecargos del aeropuerto capitalino, quien aclaró que la decisión no fue improvisada ni unilateral, sino producto de un análisis de riesgo enfocado en salvaguardar la integridad de pasajeros, tripulación y personal aeroportuario ante las condiciones violentas en la región.
La supuesta «normalidad» que intentan proyectar las autoridades se contradice con los hechos. Apenas la semana pasada, fuerzas federales intervinieron una vivienda en el fraccionamiento Santa Margarita de Culiacán, donde decomisaron un arsenal de guerra: 123 rifles de asalto, 61 pistolas, ocho lanzagranadas, dos lanzacohetes y varios vehículos blindados. La casa estaba conectada, a través de un túnel de 400 metros, con otras dos propiedades. Esto da una idea del poder de fuego que aún conservan los grupos del crimen organizado en Sinaloa, y deja entrever cuántas casas de seguridad más pueden existir, listas para abastecer a cientos —o miles— de sicarios.
Lamentablemente, se trata de una crisis que está por cumplir diez meses sin que se vislumbre una salida. En municipios como Mazatlán, la situación no mejora: aumentan las ejecuciones y se dispara alarmantemente la cifra de desapariciones forzadas, especialmente entre jóvenes.
En este contexto, la alcaldesa Estrella Palacios opta por mirar hacia otro lado. A pesar de que el municipio es la autoridad más cercana a la ciudadanía, prefiere ignorar el problema, con la complacencia de muchos medios de comunicación que evitan cuestionarla sobre la violencia y, en su lugar, le lanzan preguntas cómodas que le permiten brillar sin incomodidades.
Por cierto, resultó más que sospechosa la reciente reunión privada entre mandos de seguridad estatal, el gobernador Rocha y la alcaldesa de Mazatlán con empresarios locales. Aunque se conoció la lista de invitados, sólo se difundió una fotografía del evento, en la que aparecen el comandante de la Tercera Región Militar, el gobernador y la presidenta municipal. Se informó que el acuerdo fue, nuevamente, reforzar los operativos en el puerto para garantizar la seguridad, sobre todo con el inicio inminente del periodo vacacional de verano.
Y mientras tanto, en medio de esta crisis, continúan los aceleres políticos. Ante ello, el llamado del gobernador Rocha a sus posibles sucesores para que respeten los tiempos legales y los acuerdos de «ética» partidista —sí, de ética, aunque suene a chiste— parece prudente… aunque pocos, si alguno, estén dispuestos a escucharlo.
En fin, es lo que hay.
