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Mazatlán

Legalizar lo ilegal, pretende el Cabildo Mazatleco construir torres con más pisos a cambio de pagar más

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Por Lic. Guillermo Quintana Pucheta

¿CUS Flexible o legalización de lo ilegal? La peligrosa ruta hacia un Plan Director negociable y sin garantías

En el Cabildo de Mazatlán se está impulsando una reforma al artículo 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa que representa una amenaza directa al orden jurídico urbano y constitucional. ¿El motivo? Crear un nuevo cobro municipal por lo que llaman “flexibilización del Coeficiente de Utilización del Suelo” (CUS Flexible), es decir, permitir a los desarrolladores construir más allá de lo que permite el Plan Director de Desarrollo Urbano (PDDU)… a cambio de pagar.

Esto no es una medida de planeación. Es, en realidad, una legalización encubierta de lo ilegal, disfrazada de reforma fiscal. Y peor aún: es una reforma inconstitucional.

¿Por qué es inconstitucional?

Porque el artículo 115, fracción V de la Constitución Federal establece que los municipios pueden aprobar desarrollos solo conforme a lo previsto en los planes de desarrollo urbano. Es decir, el Ayuntamiento está vinculado al Plan Director que él mismo aprobó y no puede modificarlo por la vía indirecta de un cobro.
Si el Plan Director no contempla esa “flexibilidad” o posibilidad de CUS adicional, entonces esta reforma estaría, de facto, modificando el PDDU sin pasar por el procedimiento legal que exige:
• Consulta pública,
• Evaluación técnica,
• Aprobación estatal.

No puede una reforma hacendaria sustituir un procedimiento de planeación urbana. Hacerlo viola el principio de legalidad en el desarrollo urbano y convierte lo que debe ser una norma general, en una regla discrecional que autoriza excepciones caso por caso a quien pueda pagarlas.

¿Derecho, multa o impuesto? La naturaleza jurídica está mal definida

El dictamen intenta disfrazar este nuevo cobro como un “derecho”, pero no lo es. Conforme al artículo 2, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, los derechos son pagos por un servicio público prestado directamente al contribuyente.
Entonces preguntamos: ¿Cuál es el servicio prestado aquí? ¿Autorizar una construcción que está prohibida por el Plan Director?

En todo caso, esto se parece más a una sanción negociada: pagas y te dejamos hacer lo que no podías hacer.
O incluso a un aprovechamiento, si no hay un servicio directo sino una utilidad obtenida por el municipio a cambio de permitir un uso del suelo más rentable. Pero ninguno de estos conceptos está correctamente desarrollado.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que todo tributo debe contener en la ley sus elementos esenciales, de manera clara y sin delegaciones. Estos son:
1. Sujeto: ¿Quién lo paga?
2. Objeto: ¿Qué se grava o por qué se cobra?
3. Base: ¿Sobre qué se calcula?
4. Tasa o cuota: ¿Cuánto se paga?
5. Época de pago: ¿Cuándo se causa?

En esta reforma, estos elementos están vagos, incompletos o mal definidos. No se especifica claramente si el cobro será por metro adicional, por superficie del terreno, por tipo de zona, ni se justifica por qué un “CUS flexible” cuesta más que la licencia ordinaria.

Y aquí una alerta más:

Si el cobro por el CUS Flexible excede claramente el costo administrativo de tramitar esa excepción, entonces no es un derecho, sino un tributo con fin recaudatorio disfrazado.

¿Y qué pasa con las obras ya construidas?

La reforma tampoco establece qué sucederá con los centenares de torres construidas fuera de norma. ¿Se van a regularizar con este nuevo cobro? ¿Ese pago sustituye la multa por haber infringido la ley?
Si así fuera, estaríamos ante una forma de perdonar una violación urbanística a cambio de dinero, y además estaríamos frente a una doble tributación: pagar por la regularización (derecho) y también la multa.

Entonces, ¿qué es? ¿Un derecho o una sanción? ¿Una excepción o una autorización de facto?

¿Qué leyes debieron modificarse y no se tocaron?

Para que esta figura fuera jurídicamente viable, también debieron haberse reformado:
• La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, para incorporar la figura del CUS Flexible como instrumento de gestión del suelo.
• El propio Plan Director de Desarrollo Urbano, para establecer con claridad las zonas donde sería viable esta flexibilidad, con sus límites y condiciones.
• El Reglamento de Construcción Municipal, para establecer el procedimiento, requisitos técnicos y dictámenes necesarios para autorizar un CUS superior al permitido.

Nada de esto se hizo.
Se está intentando imponer una reforma tributaria sin armonizarla con el marco de planeación urbana ni con los principios constitucionales. Esto hace que la medida nazca con vicios de origen y pueda ser impugnada vía juicio de amparo o en tribunales administrativos.

Desde GQP Consultores alertamos que esta reforma representa un grave retroceso para el desarrollo urbano ordenado de Mazatlán.
Es una propuesta técnicamente deficiente, jurídicamente inválida y socialmente riesgosa.
Transforma el Plan Director en un catálogo de excepciones pagadas y convierte la planeación urbana en una subasta sin reglas.

El derecho urbano no se negocia. Se cumple.

Licenciado Guillermo Quintana Pucheta
GQP Consultores
Especialistas en Materia Administrativa, Ambiental e Inmobiliaria
www.gqpconsultores.com
www.linkedin.com/in/guillermo-quintana-pucheta-a428a8348

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