San Pablo Etla, Oaxaca.– El caso de una mujer exhibida desnuda por policías municipales en San Pablo Etla, Oaxaca, ha provocado una ola de indignación a nivel nacional, al evidenciar no solo una grave violación a sus derechos humanos, sino una práctica recurrente de abuso de poder en diversas corporaciones del país.
La mujer fue detenida y despojada de su ropa por habitantes de la zona, tras ser señalada de presuntamente cometer un robo. Lejos de protegerla o garantizar su integridad física y emocional, los elementos policiacos permitieron que fuera expuesta públicamente en condiciones humillantes. Este hecho fue condenado por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que ya abrió una investigación y subrayó que la actuación de los agentes contradice su deber de proteger a cualquier persona bajo custodia.
“El deber de las autoridades es salvaguardar la dignidad e integridad de toda persona. Permitir su exposición en condiciones degradantes es una transgresión grave”, afirmó el organismo.
La indignación generada por este caso ha reavivado el debate sobre el uso de prácticas humillantes por parte de fuerzas de seguridad en otros estados, donde tanto hombres como mujeres han denunciado revisiones invasivas, obligándolos a desabrocharse los pantalones, quitarse los zapatos, o incluso a desnudarse parcial o totalmente, bajo el argumento de “protocolos de seguridad”.
Organizaciones como el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) han sido enfáticas en denunciar que este tipo de actuaciones no son medidas de justicia, sino formas de tortura, violencia institucional y revictimización.
“Desnudar y exhibir a una persona no es justicia: es violencia. La dignidad no puede estar sujeta a interpretaciones policiales o castigos públicos”, sostuvo la organización.
La DDHPO hizo un llamado urgente a que las corporaciones policiales en Oaxaca y en todo el país implementen protocolos de actuación con perspectiva de género y respeto pleno a los derechos humanos, con el fin de erradicar estas prácticas degradantes que aún persisten en muchas zonas del territorio nacional.
Mientras continúa la investigación en Oaxaca, la presión social y de colectivos de derechos humanos crece, exigiendo justicia para la víctima, sanciones ejemplares para los responsables y garantías de no repetición ante un patrón de abuso que claramente trasciende lo local.
