El regidor del Ayuntamiento de Mazatlán afirmó que, aunque el Gobierno Municipal está obligado a cumplir con la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa, también es necesario investigar y sancionar a quienes, presuntamente, ocasionaron el millonario perjuicio económico al patrimonio del municipio.
Señaló que el pago derivado de la resolución judicial afectará las finanzas municipales, lo que podría impactar la ejecución de obras, la prestación de servicios públicos y diversos programas en beneficio de la población.
El edil consideró indispensable que, además de acatar la resolución conforme a la ley, se inicien los procedimientos correspondientes para determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales por parte de exservidores públicos cuyas decisiones u omisiones habrían originado este daño económico.
Asimismo, planteó la necesidad de esclarecer quiénes tomaron las decisiones que dieron origen a la demanda, qué actuaciones llevaron al Ayuntamiento a perder el juicio, si existe responsabilidad patrimonial de funcionarios y si es posible promover acciones para recuperar parte del recurso público afectado.
Finalmente, adelantó que impulsará desde el Cabildo que el caso no concluya únicamente con el pago de la sentencia, sino que también exista una investigación transparente y el deslinde de responsabilidades.
“Quien ocasiona un daño al patrimonio público debe responder por sus actos, no los ciudadanos”, concluyó.
