Por: Diva Gastélum
Hablar de derechos humanos es hablar del derecho más fundamental, universal e inalienable que existe, es también irrenunciable, irrevocable e intransferible, es pues ese camino que nos guía al respeto, tanto propio como del prójimo sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas que reúne todos los derechos que están considerados como básicos, a la combinación de esta declaración con los distintos pactos internacionales que fueron acordados entre diversas naciones se le conoce como Carta Internacional de los Derechos Humanos y está definida como el ideal común por el que todos los pueblos y naciones debemos esforzarnos.
En México, con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se constituyó un paso histórico, lo que representó una de las decisiones legislativas más trascedentes en nuestro país.
La citada reforma se trató del más grande avance para la protección de los derechos y garantías de los gobernados, ya que amplió y fortaleció sustancialmente las libertades de las personas y consolidó el sistema de organismos defensores de los derechos humanos.
Como Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, tuve la oportunidad, junto con mis compañeros, de presentar el Informe de Actividades 2016 – 2017, me siento muy honrada de pertenecer a esta comisión que es, sin duda, una de las más productivas.
Entre las actividades que llevamos a cabo estuvieron la realización de eventos con temas tan importantes como el matrimonio igualitario, la gestación subrogada y reproducción asistida, los derechos de las trabajadoras y trabajadores domésticos, el derecho a la consulta de pueblos y comunidades indígenas en México y el despido por embarazo, entre otras.
Se logró aprobar por la Comisión, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, misma que fue el resultado de muchos consensos y trabajo realizado entre el Poder Legislativo y Ejecutivo con la finalidad de obtener una Ley que permitiera atender dicha problemática en nuestro país.
Con esta aprobación, se consiguió crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ordenar la creación de Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas; garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; entre otros alcances.
Se obtuvo también la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, misma que define que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal.
Desde el Senado de la República hemos trabajado en el impulso de distintas reformas en pro de los derechos humanos, pero un punto que me preocupa y ocupa actualmente es el tema de los desplazamientos forzados, una realidad grave por la que está pasando Sinaloa, segura estoy que lograremos reformas importantes para dar protección a estos grupos que, por la violencia, se ven obligados a abandonar sus comunidades y lo pierden todo.
