Por: Lic. Guillermo Quintana Pucheta
Abogado especialista en materia administrativa, ambiental e inmobiliaria.
Se estrena la nueva directora de Obras Públicas de Mazatlán, la arquitecta Cristina Ovalle Acosta, y lo hace como no se debe: ordenando una obra abiertamente ilegal que no solo afecta propiedad privada, sino que altera sin autorización el cauce de un arroyo federal. Una decisión temeraria, desinformada y jurídicamente insostenible.
Hace apenas unos días, por instrucciones de esta dirección, se desvió el cauce natural del arroyo Jabalines, que colinda con el fraccionamiento La Campiña, al norte de la ciudad. Producto de esa intervención, la propiedad de mi cliente —quien me ha autorizado para hacer pública esta información— fue literalmente partida en dos. Hablamos de una afectación superior a los cinco mil metros cuadrados de terreno, provocada por maquinaria municipal que decidió trazar un nuevo cauce sin sustento técnico ni jurídico.
Este arroyo, cuyo trazo está debidamente registrado ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es un bien nacional. Y lo que aquí se alteró, sin ninguna justificación ni permiso, es el cauce de un cuerpo federal. Esa sola acción ya es ilegal. Pero lo es aún más por las consecuencias que acarrea.
Como abogado con más de dos décadas de experiencia en materia administrativa, ambiental y penal, afirmo que esta acción configura múltiples conductas sancionables:
• Intervención en bienes nacionales sin competencia ni autorización federal.
• Afectación directa a la propiedad privada sin procedimiento legal alguno.
• Realización de obras sin manifestación ni evaluación de impacto ambiental.
• Usurpación de funciones, abuso de autoridad y posible daño en propiedad ajena.
Pero lo más delicado no es solo la ejecución de la obra, sino quién podría ser responsable de las consecuencias jurídicas. Y aquí es donde la historia —que algunos creen olvidada— cobra vida.
Esta no es la primera vez que el arroyo Jabalines se convierte en escenario de un escándalo legal. A finales del segundo periodo de gobierno de Alejandro Higuera Osuna, entonces presidente municipal de Mazatlán, y de su secretario del Ayuntamiento Pedro Osuna Amparo, se ordenó también el desvío del cauce del mismo arroyo. Ambos fueron denunciados, procesados y estuvieron privados de su libertad por alterar ilegalmente un bien de la nación. Esa decisión, tomada con la misma ligereza con la que hoy se actúa, terminó costándoles su libertad.
Hoy, los funcionarios en riesgo no son ellos. Hoy los nombres son Estrella Palacios, actual presidenta municipal de Mazatlán, y Moisés Ríos Pérez, secretario del Ayuntamiento. Porque en derecho administrativo, la jerarquía no exime. Compromete.
No es menor que no exista públicamente ningún currículum profesional de la directora Cristina Valle. No se sabe dónde estudió, en qué ha trabajado, qué experiencia tiene. No hay registro de trayectoria técnica ni administrativa. En un cargo que requiere decisiones con implicaciones ambientales, territoriales y jurídicas, eso es inadmisible.
La falta de experiencia no es excusa. La ignorancia no exime de la responsabilidad. Pero sí arrastra a quienes le dan poder.
Y es aquí donde debe sonar la alarma. Porque si la alcaldesa Estrella Palacios desea proteger su responsabilidad legal y política, debe entender que este tipo de decisiones no se pueden permitir. No en lo técnico. No en lo jurídico. Y mucho menos en lo ambiental.
Aquel que olvida la historia, esta condenado a repetirla.
Lic. Guillermo Quintana Pucheta
GQP Consultores
Especialistas en Materia Administrativa, Ambiental e Inmobiliaria.
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