Culiacán, Sin.- La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sinaloa dio entrada este martes a cinco nuevas iniciativas que plantean reformas y adiciones a distintas leyes estatales en temas relacionados con violencia familiar, feminicidio, justicia de paz, cohabitación forzada y seguridad en planteles educativos.
Durante la Sesión Ordinaria se dio lectura a las propuestas, que quedaron formalmente planteadas ante el Poder Legislativo para su análisis y eventual proceso legislativo.
Buscan incorporar la violencia vicaria al Código Familiar
La diputada de Morena, Erika Rubí Martínez Rodríguez, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Sinaloa en materia de violencia familiar y violencia vicaria.
Entre las modificaciones propuestas se plantea incorporar el concepto de violencia vicaria y establecer medidas cautelares para proteger a las víctimas directas, así como a niñas, niños y adolescentes involucrados en casos donde existan datos suficientes que acrediten este tipo de violencia.
También propone considerar la violencia vicaria como una causa para limitar la patria potestad y contempla que, cuando exista un auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio contra la madre de menores sujetos a patria potestad, se adopten medidas específicas de protección.
PRI propone investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio
El Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Sinaloa, con el objetivo de establecer que toda muerte violenta de una mujer sea investigada de oficio y desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio.
La propuesta plantea que las investigaciones se realicen con perspectiva de género y bajo protocolos de debida diligencia reforzada.
De acuerdo con la iniciativa, esta hipótesis únicamente podría descartarse cuando, después de agotar las líneas de investigación pertinentes, se determine de manera fundada que no existen razones de género.
Proponen crear una Ley de Justicia de Paz
El Grupo Parlamentario del PAS, junto con las ciudadanas Rosa Emma Contreras Villapudua y Paula Liliana Díaz Quiñónez, propuso expedir la Ley de Justicia de Paz del Estado de Sinaloa.
La iniciativa plantea regular las funciones, acceso, competencias y responsabilidades de los jueces de paz, además de establecer mecanismos para la solución alternativa de conflictos.
El proyecto contempla 17 artículos distribuidos en cuatro capítulos, además de cuatro artículos transitorios, e incluye mecanismos orientados a la atención y pacificación de conflictos vecinales.
PAN busca tipificar la cohabitación forzada
Por su parte, el Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa para adicionar disposiciones al Código Penal estatal y crear el delito de cohabitación forzada.
La propuesta busca sancionar a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u ofrezca a una persona menor de 18 años, o a alguien que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, a unirse informal o consuetudinariamente con otra persona con el propósito de convivir de manera constante y equiparable al matrimonio o concubinato.
La iniciativa contempla una pena de ocho a 15 años de prisión y de mil a dos mil 500 días de multa. También plantea aumentar la sanción cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, o cuando el delito se cometa mediante violencia física, psicológica o sexual.
Plantean detectores de metales en escuelas
Finalmente, la diputada de Morena, Nancy Yadira Santiago Marcos, propuso adicionar disposiciones a la Ley de Educación Superior para el Estado de Sinaloa para implementar mecanismos de control de acceso y detectores de metales en instituciones de educación secundaria y media superior.
La iniciativa plantea utilizar estos dispositivos para prevenir el ingreso de armas u objetos que puedan poner en riesgo a estudiantes, docentes, personal administrativo y demás integrantes de la comunidad escolar.
La propuesta establece que estas medidas deberán aplicarse conforme a los lineamientos de las autoridades educativas y bajo principios de respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la no discriminación y la protección de datos personales.
Las cinco iniciativas fueron presentadas ante la Diputación Permanente y continuarán con el proceso legislativo correspondiente para su análisis.
