La regidora Maribel Chollet Morán solicitó de manera formal a la Presidencia Municipal la convocatoria a una Sesión Extraordinaria de Cabildo para analizar y atender una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa que ordena al Ayuntamiento el pago de 13 millones 631 mil 174.06 pesos, cantidad que, de acuerdo con la edil, continúa incrementándose por los intereses generados.
En conferencia de prensa, informó que la notificación de la sentencia fue recibida por el Ayuntamiento el pasado viernes y consideró necesario que el Cabildo sesione a la brevedad para definir las acciones que permitan cumplir con la resolución judicial.
La regidora explicó que el litigio se originó en 2018, derivado de la suspensión de los servicios de agua potable, drenaje y taquillas al estadio de béisbol de Mazatlán, proceso que concluyó con una sentencia firme emitida por la autoridad jurisdiccional.
Como parte de su solicitud, pidió la comparecencia del tesorero municipal para que informe al Cabildo sobre el monto actualizado del adeudo, la disponibilidad presupuestal para hacer frente al pago, las posibles reasignaciones de recursos y las alternativas financieras para cumplir con la resolución.
Asimismo, solicitó que la Dirección Jurídica del Ayuntamiento presente un informe sobre el estado procesal del expediente, el plazo otorgado por el Tribunal para cumplir la sentencia y la posibilidad de negociar un convenio con la parte demandante que permita reducir el impacto financiero para el municipio.
Chollet Morán señaló que el cumplimiento de esta resolución podría requerir ajustes al presupuesto municipal, por lo que insistió en la necesidad de que el Cabildo analice el tema de manera urgente.
Durante la conferencia, la regidora también emitió críticas a la administración municipal sobre el manejo del caso; sin embargo, dichas declaraciones corresponden a su postura política.
Finalmente, hizo un llamado a la Presidencia Municipal para convocar a una sesión extraordinaria de Cabildo con el fin de definir la ruta institucional para dar cumplimiento a la resolución judicial y evitar que el monto de la condena continúe aumentando por la acumulación de intereses.
