Por Lic. Guillermo Quintana
El Juzgado Cívico: cuando un cargo técnico se convierte en moneda política
El dia de hoy, el Ayuntamiento de Mazatlán nombró a Jesús Osuna Lamarque como nuevo coordinador del Juzgado Cívico Municipal. Aunque es abogado titulado, su perfil ha generado críticas fundadas en el ámbito jurídico y ciudadano, debido a su falta de experiencia en funciones jurisdiccionales.
El Juzgado Cívico es una instancia que califica faltas administrativas, impone sanciones, promueve conciliaciones y aplica principios de legalidad y proporcionalidad, conforme al Bando de Policía, el Reglamento de Tránsito y otras disposiciones municipales. No solo atiende temas de tránsito, sino también conflictos vecinales, faltas por consumo de alcohol en la vía pública, riñas, daño a infraestructura municipal y venta ambulante irregular, entre otras conductas.
La estructura del Juzgado Cívico de Mazatlán incluye una Coordinación General y al menos cuatro secciones operativas:
1. Tribunal de Barandilla: atiende a personas detenidas por faltas en flagrancia.
2. Hechos Administrativos: califica infracciones levantadas por inspectores municipales.
3. Hechos de Tránsito: desahoga faltas viales y libera vehículos.
4. Mediación y Conciliación: resuelve conflictos vecinales y sociales mediante acuerdos.
Cada sección opera con jueces cívicos debidamente acreditados, quienes deben ser licenciados en Derecho con experiencia y cédula profesional vigente. El coordinador es responsable de establecer criterios de calificación de faltas, supervisar la legalidad de las actuaciones, capacitar al personal y resolver los recursos de inconformidad.
Jesús Osuna Lamarque ha desarrollado su carrera en el ámbito sindical, fue dirigente del Sindicato del Ayuntamiento de Mazatlán, regidor por el Partido Sinaloense (PAS) y posteriormente se declaró regidor por Morena. Recientemente, se desempeñó como director del Enlace Rural, un cargo sin responsabilidades legales o de supervisión normativa. En ningún momento ha ocupado cargos jurisdiccionales ni ha tenido que calificar o sancionar faltas conforme al marco jurídico municipal.
Su nombramiento reemplaza al Lic. Rafael Vinicio Parra Alaníz, quien ocupaba el cargo de coordinador del Juzgado Cívico y cuya remoción no estuvo vinculada a ninguna conducta sancionable o irregularidad administrativa. Este cambio refuerza la percepción de que el nombramiento responde a criterios políticos más que técnicos.
Cuando se entrega una función legal a alguien sin experiencia, el riesgo no es solo técnico: es político y jurídico. En el Juzgado Cívico se califican hechos que afectan directamente a la ciudadanía. Un error en la calificación de una falta, la imposición de una doble sanción o la retención indebida de un vehículo pueden constituir violaciones a los derechos de los ciudadanos.
Además, utilizar cargos jurídicos como espacios de negociación política o cuotas de partido envía un mensaje peligroso: que la legalidad importa menos que la lealtad, y que la justicia administrativa puede estar en manos de operadores políticos.
El Juzgado Cívico no es un premio político; es una responsabilidad jurídica de alto nivel. En una ciudad como Mazatlán, con una intensa dinámica urbana, turística y social, el Juzgado Cívico debería ser un espacio de legalidad, conciliación, respeto al debido proceso y defensa de garantías. Nombrar a personas sin experiencia en cargos clave del sistema legal municipal puede conducir a sanciones arbitrarias, demandas judiciales, juicios de amparo y ciudadanos cada vez más desprotegidos.
En lo jurídico y en lo político, hay decisiones que revelan el rumbo de un gobierno. Este nombramiento, lamentablemente, revela que la técnica ha sido desplazada por el cálculo político.
Comentarios Facebook
