Contrato no pagado, responsabilidad viva: la trampa jurídica de la adjudicación directa
Por Guillermo Quintana P.
En Mazatlán se gesta un caso que debe ser examinado con precisión jurídica. La compra de medicamentos por 19.6 millones de pesos para el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”, adjudicada directamente en diciembre de 2024, no ha sido pagada hasta el día de hoy. Pero eso no significa que no exista responsabilidad ni que el contrato haya perdido validez.
Por el contrario, la falta de pago puede representar un doble problema:
1.Un incumplimiento contractual con efectos patrimoniales para el municipio.
2.Una posible responsabilidad administrativa por adjudicar sin cumplir los requisitos que exige la ley.
Aclaro con toda responsabilidad que ya cuento con copia completa del expediente, incluyendo:
•Contrato firmado por las autoridades municipales.
•Documentación del proceso de adjudicación directa.
•Comprobantes de entrega documental de los insumos.
•Oficios internos, dictámenes y actas del Comité de Adquisiciones.
•Recibos de facturación.
Y lo más importante: el proveedor ya presentó demanda judicial contra el Ayuntamiento, exigiendo el pago del contrato más penalizaciones, actualizaciones e intereses. El monto total reclamado podría ascender a más de 30 millones de pesos.
I. ¿Qué exige la ley para una adjudicación directa válida?
El artículo 41 de la Ley de Adquisiciones del Estado de Sinaloa establece que la adjudicación directa es un mecanismo excepcional, solo procedente si se cumplen estrictamente los siguientes requisitos:
1.Existencia de una causa de excepción legal (urgencia, proveedor único, seguridad, etc.).
2.Dictamen técnico y jurídico que justifique la excepción.
3.Estudio de mercado auténtico y verificable.
4.Aprobación expresa del Comité de Adquisiciones.
5.Formalización por escrito del contrato.
6.Publicación y transparencia.
Si falta alguno de estos elementos, la adjudicación es ilegal.
II. El estudio de mercado: la pieza más débil
El punto más delicado en este caso es el estudio de mercado, porque desde 2022, y todavía en 2025, se ha favorecido sistemáticamente a un solo grupo proveedor, cambiando de razón social y simulando competencia. Se presentan cotizaciones de tres supuestos proveedores, pero en la práctica todos forman parte del mismo entramado empresarial.
Un estudio de mercado válido requiere:
•Ofertas reales y comparables de distintos proveedores.
•Constancias documentales del análisis.
•Justificación de por qué se elige a uno y se descartan los demás.
La simulación de competencia ya ha sido advertida por la Auditoría Superior del Estado en otros casos. Aquí se repite el patrón.
III. La ASE ya ha fijado su criterio
La Auditoría Superior del Estado ha sido tajante en otros casos similares:
•Gerardo Vargas Landeros: Adjudicación directa de patrullas sin justificación.
•Jesús Estrada Ferreiro: Compras sin cumplir con los procesos normativos.
•Luis Guillermo “El Químico” Benítez: Luminarias con procesos simulados.
En todos ellos se repite lo mismo: se alegan urgencias, pero no se prueba documentalmente. Y cuando cambian los tiempos políticos… llegan las sanciones.
IV. ¿Y si el contrato no se pagó? ¿Sigue siendo válido?
Sí. El Código Civil para el Estado de Sinaloa es claro:
El contrato legalmente celebrado es una ley entre las partes.
No puede invalidarse por simple incumplimiento de pago.
El municipio sigue obligado a pagar, salvo que exista un procedimiento de rescisión formal. El proveedor ya ejerció acción legal, y es muy probable que la autoridad jurisdiccional condene al municipio, al no existir pruebas de que se haya rescindido ni de que los medicamentos no se hayan entregado, al menos en términos administrativos.
V. ¿Quiénes responden?
Los integrantes del Comité de Adquisiciones, el Secretario del Ayuntamiento, y quien haya firmado como representante del municipio, podrían enfrentar responsabilidad administrativa, civil e incluso penal, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.
Recordemos que en muchos casos las consecuencias llegan años después. Lo que hoy parece una irregularidad menor, en 2028 puede ser un escándalo. Así pasó con las patrullas, los camiones y las luminarias.
Conclusión: contrato no pagado ? contrato inexistente
El contrato de medicamentos está firmado, está documentado, y ya fue demandado en tribunales.
Los 19.6 millones que no se pagaron hoy… podrían costarle al municipio más de 30 millones mañana.
Y los funcionarios que firmaron, aunque ya no estén en el cargo, siguen obligados a responder.
El tiempo no borra las firmas. Solo retrasa las consecuencias.
Licenciado Guillermo Quintana Pucheta
GQP Consultores
Especialistas en Materia Administrativa, Ambiental e Inmobiliaria.
www.gqpconsultores.com
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