El Órgano Interno de Control: Un nombramiento orquestado desde el poder
Por Lic. Guillermo Quintana
Desde el principio lo supe: jamás me iban a nombrar titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán. No por falta de méritos o experiencia, sino por una razón meramente política. Lo digo con claridad: soy abogado de quien compitió electoralmente con la hoy alcaldesa Estrella Palacios. Esa condición, en un sistema donde la legalidad se subordina al cálculo político, me colocaba fuera de toda posibilidad.
Y quiero dejar algo en claro: este intento fue totalmente personal. No hubo operación política, no hubo alianzas, ni intervención alguna de actores externos. No se pidió el apoyo de ningún regidor, funcionario o dirigente político. Fue un trabajo estrictamente jurídico, realizado por mí, con profesionalismo, compromiso y absoluta independencia.
Este es mi oficio, mi vocación y mi responsabilidad. Yo vivo del derecho, no de la política. Lo que hice fue construir un litigio con seriedad, disciplina y estrategia legal. Dediqué días y noches completas al análisis de documentos, al diseño argumentativo y a una defensa fundada en el principio de legalidad.
Lo que algunos vieron como una candidatura, para mí siempre fue un expediente. No buscaba un cargo, buscaba que el proceso se condujera con transparencia y conforme a derecho.
Desde un principio, no consentí los actos. Impugné la convocatoria, reclamé la ausencia de evaluación, la falta de comparecencias y la inexistencia de criterios claros de selección. No hubo proceso, no hubo legalidad, y esas omisiones tendrán consecuencias.
A pesar del nombramiento de Everardo Velarde, que se pretende consumar hoy 3 de abril de 2025 en una sesión extraordinaria de Cabildo, aún estoy en tiempo legal de actuar. El expediente ha sido construido paso a paso, con precisión quirúrgica, desde el inicio del procedimiento.
Y fue tal la incapacidad jurídica y el mal diseño de la convocatoria, que —ante el desespero por no poder justificar legalmente lo actuado— se tuvo que acudir a pedir el favor en la oficina del tercer piso. Lo que no se pudo resolver en los tribunales, se resolvió con poder político. Porque desde el ejercicio del poder, un ciudadano común y corriente siempre libra una lucha desigual.
La revocación de la suspensión fue, además de política, ilegal. La ley exige que para levantar una suspensión judicial se modifique la convocatoria o se emita un nuevo procedimiento conforme a derecho. Nada de eso sucedió.
Y luego, para justificar el sobreseimiento, se pretendió argumentar que ya se habían cumplido las pretensiones legales. ¿Cómo sostener eso si no hubo evaluación, comparecencias ni cumplimiento de las fases mínimas de procedimiento?
El día 1 de abril, la Síndica Procuradora, Minerva Osuna, emitió un acuerdo para reanudar los plazos. Pero en lugar de desarrollar el proceso con legalidad —evaluar, calificar y proponer—, se citó únicamente a Everardo Velarde, en privado, sin medios, sin dictámenes públicos, sin metodología.
Ese mismo día se convocó a Cabildo para consumar su nombramiento. Un proceso cerrado, sin transparencia y sin legitimidad.
¿Y qué escenarios jurídicos eran viables?
1. Que Rafael Padilla continuara como encargado durante la sustanciación del juicio.
2. Que se designara a Melania García, contadora pública reconocida y con experiencia, quien además mantiene amistades y cercanías con miembros del gabinete municipal.
Pero en vez de seguir alguna de esas salidas razonables, se optó por la imposición, operada desde el Ejecutivo estatal, como una forma de blindaje político para evitar que el órgano de control fiscalizara con independencia.
Este litigio no ha terminado. Continuará por todas las vías jurídicas necesarias, porque estoy convencido de que a Mazatlán le urge recuperar el respeto a la ley.
Y aunque algunos piensen que esto fue un intento personal por un cargo, lo reitero con firmeza: no luchaba por una posición, sino por un principio. Y eso, para quienes creemos en el derecho por encima del poder, es razón más que suficiente.
La corrupción afecta a todos. La apatía y la indiferencia ciudadana permiten que la impunidad siga creciendo.
Como ciudadano y especialista en derecho, seguiré revisando los procesos, licitaciones y contrataciones del gobierno municipal, y señalaré con pruebas cada anomalía en la que se incurra. Esa es mi manera de aportar al orden legal que Mazatlán merece.
Licenciado Guillermo Quintana Pucheta
GQP Consultores
Especialistas en Materia Administrativa, Ambiental e Inmobiliaria.
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