El sistema de procuración de justicia en México tiene problemas estructurales que se traducen en la falta de capacidad para realizar investigación criminal, en carencias para solucionar la inmensa mayoría de los casos y en frecuentes violaciones a los derechos humanos.
Lo anterior es una de las tres principales conclusiones del informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, elaborado por la UNAM, CIDE, INACIPE y CONACYT, a petición de la Procuraduría General de la República.
Al presentar los resultados en Palacio Nacional, el director del Centro de Investigación y Docencia Económica, Sergio López Ayllón, destacó que se carece de una visión sistémica de la procuración de justicia penal.
«Aunque todos reconocen que existe una estrecha vinculación entre la prevención, la investigación y la persecución de los delitos, lo cierto es que no hay un espacio institucional que pueda definir los roles, competencias, marcos de actuación y objetivos de las diferentes instituciones y órdenes de gobierno» indicó.
Dijo que hay una fragmentación normativa que impide saber quién es responsable y cómo las distintas partes se articulan en conjunto. «Los malos resultados están a la vista», apuntó.
«Todos los estudios y diagnósticos indican que las procuradurías de todo el país tienen problemas estructurales y las deficiencias se han generado a lo largo de décadas, por falta de inversión en capital humano y políticas de Estado, por lo que urge atender este tema», agregó.
Asimismo, el académico aseguró que hay graves deficiencias en el manejo de la información en las procuradurías y fiscalías de todo el país, para garantizar la procuración de justicia eficaz.
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